
✍️ Guadalupe Parada
Dicen que cuando el río suena es porque agua lleva.
Y cuando el cauce baja turbio, espeso, cargado de murmullos persistentes, lo mínimo que se espera de la autoridad es claridad, no silencio.
En distintas colonias de Ciudad Juárez comienza a repetirse un malestar que ya no puede ignorarse. Vecinos, liderazgos comunitarios y ciudadanos coinciden en señalar una conducta que consideran incompatible con la responsabilidad pública atribuida al director general de Asentamientos Humanos, Julio de la Cruz. No se trata de una inconformidad aislada, sino de una percepción social que se ha ido acumulando y que hoy se expresa con incomodidad abierta.
Los señalamientos apuntan a un estilo de gestión percibido como prepotente, intimidatorio y distante de la función social que implica un cargo de esta naturaleza.
En colonias donde la autoridad debería ser sinónimo de diálogo y orden, se habla de confrontación, de abuso de poder y de un desgaste profundo de la confianza ciudadana.
A ello se suma en el terreno de la percepción pública una narrativa cada vez más extendida sobre un crecimiento patrimonial que despierta dudas legítimas.
Se mencionan casas, terrenos y beneficios que, de acuerdo con versiones vecinales, no siempre encuentran una explicación clara ni transparente.
No corresponde al ciudadano juzgar, pero sí exigir que todo funcionario esté en condiciones de explicar, documentar y aclarar el origen de su patrimonio.
Más delicado aún es el ambiente de inquietud que persiste tras un incidente que, según se comenta en los pasillos y calles de Juárez, involucró a una menor de edad.
Un hecho que, de ser cierto, jamás debió resolverse en el silencio ni en la opacidad.
La percepción de que el tema fue contenido, minimizado o evadido y que algunos colaboradores habrían perdido su empleo por conocerlo no hace sino agravar la desconfianza y alimentar la idea de impunidad.
Cuando una autoridad comienza a sentirse intocable, cuando el cargo se convierte en escudo y no en responsabilidad, el daño no es solo institucional; es social.
Se rompe el vínculo con la ciudadanía y se normaliza el abuso.
Incluso las críticas relacionadas con conductas personales, como el consumo excesivo de alcohol, trascienden lo privado cuando afectan el ejercicio del poder público y la convivencia comunitaria.
No son ataques personales; son cuestionamientos sobre liderazgo, congruencia y responsabilidad.
Ciudad Juárez no necesita funcionarios temidos, sino servidores públicos confiables.
No necesita rumores perpetuos, sino investigaciones claras.
No necesita silencios incómodos, sino rendición de cuentas.
Cuando el río suena, lo sensato no es taparse los oídos, sino revisar el cauce.
Y cuando el agua está turbia, la obligación ética de toda autoridad es limpiarla, no dejar que arrastre consigo la credibilidad de las instituciones.
La exigencia ciudadana es simple y legítima; verdad, transparencia y responsabilidad.
Todo lo demás es ruido… y el ruido, tarde o temprano, termina por desbordarse


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