Cuando la tragedia se vuelve bandera

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La urgencia de elevar la discusión pública

✍️ Guadalupe Parada
La muerte del pastor Mauro Cabañas no solo estremeció a Ciudad Juárez; exhibió, con crudeza, las fracturas institucionales que arrastramos desde hace años y que reaparecen una y otra vez cada vez que estalla una tragedia.
Lo verdaderamente lamentable no es solo el hecho violento en sí —que ya de por sí hiere a la comunidad— sino la forma en que, casi de inmediato, se convirtió en un campo de batalla político.
El choque entre el senador Juan Carlos Loera de la Rosa y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) es el ejemplo más reciente de cómo, en México, el discurso público suele quedarse en el señalamiento fácil y la descalificación frontal, sin que eso se traduzca en soluciones estructurales. Mientras un legislador acusa “negligencia” policial y la corporación responde con un posicionamiento enérgico, el problema de fondo permanece intacto: Juárez no cuenta con un sistema adecuado para atender crisis mentales, adicciones y episodios de descontrol que hoy recaen —de manera injusta e insuficiente— en la Policía Municipal.

Una discusión que se empobrece cuando se politiza
El secretario César Omar Muñoz Morales salió al paso de las declaraciones del senador Loera llamándolas “desafortunadas” e “irresponsables”. Señaló que el legislador “habla desde un escritorio” y politiza lo que debería tratarse con seriedad.
El senador, por su parte, acusa una cadena de omisiones que, según su versión, “no debió haber terminado en tragedia”. Ambas posturas, con matices, contienen elementos válidos; la necesidad de revisar los protocolos policiales y, al mismo tiempo, la urgencia de evitar diagnósticos simplistas desde la comodidad del comentario mediático.
Pero el intercambio se desvió de inmediato hacia la confrontación personal. En lugar de discutir cómo fortalecer las capacidades de atención mental, cómo mejorar los protocolos de primer respondiente, o cómo articular a las instituciones para evitar improvisaciones, el debate se redujo a quién tiene la culpa y a quién le sirve políticamente la crisis.
Juárez no puede permitirse eso.
Una ciudad que lleva años pidiendo lo mismo

La realidad es tan evidente como incómoda
Los policías son, de facto, la primera —y a veces la única— instancia que atiende a personas en crisis psicótica.
Los centros de salud mental son insuficientes, limitados y en muchos casos inexistentes en turnos críticos.
Los albergues y espacios de rehabilitación carecen de capacidad, protocolos y personal para recibir a personas con episodios de violencia o alteración.
La coordinación entre niveles de gobierno es deficiente.
Esta tragedia no es un caso aislado. Es un síntoma.
Y que hoy tengamos a un senador acusando negligencia, y a un secretario respondiendo con indignación, demuestra que seguimos discutiendo los efectos sin atender las causas.
La exigencia ciudadana debe ir más allá del pleito político
Juárez necesita algo más que posicionamientos. Necesita responsabilidad transversal.
Si el senador tiene información que apunta a omisiones graves, debe llevarla formalmente ante la Fiscalía, no solo a redes sociales.
Pero también es válido exigir a la SSPM una revisión seria de sus protocolos, más allá de la defensa institucional.
Y mientras tanto, la pregunta central sigue sin responderse.
¿Dónde están los centros especializados, los protocolos interinstitucionales y la infraestructura humana para evitar que la Policía resuelva sola lo que le corresponde al sistema de salud?
Ninguna corporación municipal puede, por sí misma, atender un problema tan profundo como la crisis de salud mental y adicciones que azota a Juárez.

Lo que verdaderamente honra a las víctimas
El pastor Mauro Cabañas era, según la SSPM, un hombre que siempre tendía la mano.
Su muerte no debe convertirse en un trofeo discursivo ni en un arma partidista.
Lo que honra su memoria —y protege a quienes hoy enfrentan tragedias similares— es asumir, de una vez por todas, un compromiso real.
Crear infraestructura de salud mental eficiente y accesible.
Establecer rutas claras de canalización, obligatorias y vigiladas.
Capacitar a policías y personal de primera respuesta, con acompañamiento médico y psicológico profesional.
Rendir cuentas sin trincheras partidistas.
Coordinar a los tres niveles de gobierno, sin propaganda ni protagonismos.
Ese debería ser el tono del debate.
Ese debería ser el eje de la discusión. No quién grita más fuerte, sino quién está dispuesto a trabajar donde más duele y donde más se necesita.
Porque mientras la tragedia se politiza, los problemas que la originaron siguen ahí, intactos, esperando la siguiente crisis para recordarnos lo que no quisimos resolver a tiempo.