¿En manos de quién está la justicia en Ciudad Juárez?

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✍️ Guadalupe Parada

Ciudad Juárez vuelve a colocarse frente al espejo incómodo de su realidad; un sistema de justicia que, en lugar de brindar confianza, exhibe grietas profundas.
Tres casos recientes cimbran a la opinión pública y cuestionan directamente a las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.
La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿en manos de quién estamos?
El primero es el de Jacinto “N”, alias “El Monster”, detenido junto a otros 35 presuntos integrantes de un grupo criminal, pero que al momento de su arresto portaba no solo un uniforme, sino una responsabilidad oficial; era policía activo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez desde junio de 2024.
No era la primera vez que formaba parte de la corporación.
Su caso no solo expone el nivel de infiltración del crimen en los cuerpos de seguridad, sino la negligencia de un sistema de selección, depuración y seguimiento que ha permitido que los delincuentes se oculten a plena vista, bajo el escudo del Estado.
El segundo hecho sacude aún más: el asesinato de “Delta 1” o “El Principal”, identificado como líder de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, ejecutado dentro de una tienda de conveniencia.
A su lado murieron dos policías municipales, quienes no eran parte de un operativo institucional, sino sus escoltas personales.
¿Qué representa esto? No solo la vulnerabilidad del poder público frente al crimen organizado, sino la complicidad de agentes que han borrado la línea que separa la autoridad del delito.
Dos policías con placa, arma y salario del municipio convertidos en escoltas privados de un capo criminal; un golpe letal a la credibilidad de la SSPM y a la narrativa de que “se está recuperando la confianza ciudadana”.
El tercer caso es quizás el más doloroso porque refleja la vulnerabilidad de las víctimas en manos de quienes deberían protegerlas.
Una estudiante universitaria denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de un perito evaluador de la Fiscalía General del Estado, un hombre que no solo tenía el respaldo institucional, sino la investidura de representar “la objetividad de la ciencia forense”.
¿Cómo puede alguien confiar en un sistema que permite que quienes deben defender la verdad utilicen su poder para violentar a los más indefensos?
Estos tres episodios no son aislados ni casualidad.
Son parte de un patrón que desnuda a un sistema incapaz de garantizar lo más elemental; justicia. Nos recuerdan que el crimen no solo está afuera, en las calles, sino adentro, en las oficinas y corporaciones.
La pregunta es más urgente que nunca:
¿qué controles existen realmente para impedir que policías, peritos o funcionarios se conviertan en delincuentes con credenciales oficiales?
El discurso oficial suele escudarse en la narrativa del “daño colateral”, de los “casos aislados” o en el viejo recurso de trasladar la responsabilidad al pasado.
Pero en el presente, los hechos hablan con crudeza; los juarenses están atrapados en una encrucijada donde el crimen organizado y la justicia institucional parecen estar más cerca de ser socios que enemigos.
No basta con ceses, detenciones espectaculares o comunicados de prensa. Lo que se requiere es una transformación profunda, un blindaje real contra la corrupción interna y un replanteamiento total de las estructuras de seguridad y justicia. Porque mientras no haya transparencia, rendición de cuentas y castigos ejemplares, seguiremos preguntándonos con impotencia:
¿en manos de quién está la justicia en Ciudad Juárez?